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24/03/2006: "L'impossible pluralisme lingüístic"

L'alto el foc d'ETA és una notícia important, però els mitjans de comunicació catalans, amb el gra massa que en fan estan donant una certa mostra de provincianisme. Tant que alguna altra notícia d'enorme importància per al nostre país ha quedat completament silenciada i menystinguda (és clar que segurament no sols per l'impacte dels esdeveniments bascos). Per exemple, el fet que el passat dia 21 el Congrés dels Diputats espanyol va rebutjar l'admissió a tràmit d'una proposició de llei presentada per Esquerra Republicana de Catalunya sobre "protecció i promoció de llengües espanyoles distintes del castellà". Igual que va passar amb el pla Ibarretxe, el Congrés ni tan sols va acceptar debatre la proposta, que va tenir els vots en contra de PP i PSOE i els vots a favor de tots els altres grups.
És evident que el pluralisme lingüístic a Espanya és impossible. Igual que tot pluralisme cultural o nacional. Ja podem signar l'acta, que les proves estan totes fetes.
Adjunt als meus lectors dos documents de lectura recomanable: la proposició de llei i l'argumentació de tots els grups polítics en el Congrés. La segona per sucar-hi pa.

Proposta de llei

Enllaç amb el Butlletí Oficial de les Corts Generals


Debat parlamentari
[Els qui tinguin pressa basta que llegeixin allò que hi ha en negreta]

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el siguiente punto del orden del día, aun referido a las proposiciones de ley, en este caso la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de protección y promoción de las lenguas españolas distintas del castellano. Para su defensa, tiene la palabra el señor Tardá.

El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta. Señorías, hace tan solo unos días, desde esta misma tribuna ensalzábamos la sociedad alemana de la posguerra por haber sabido emprender no solo el camino de su desnazificación sino, además, por haber sido capaz de metabolizar la ideología prusiana, sin la cual no hubiera germinado el nacionalsocialismo. Y apelábamos a ello en referencia a la derecha española que, además de costarle tanto alejarse de la herencia franquista, se atrinchera en la castellanización del Estado español. Una derecha que se niega a participar en la construcción de un escenario de convivencia fraternal e igualitaria entre las lenguas y las culturas. Pero desgraciadamente no se trata solo de una negación, la derecha pretende fomentar su enfrentamiento para lograr unos hipotéticos beneficios electorales.
La proposición de ley que hoy les presentamos llega, pues, a entender de nuestro grupo parlamentario, en buen momento, atendiendo a la necesidad de demostrarnos de una vez por todas la madurez de nuestras sociedades y sepultar los mensajes reaccionarios que nos alejan del plurilingüismo, es decir, de la modernidad. Durante los dos primeros años de la actual legislatura se ha pretendido criminalizar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya a fin y efecto de impedir, entre otros objetivos, la evolución del Partido Socialista hacia postulados de modernidad lingüística, a saber: dotar al Estado español de una ley de lenguas que desplegara lo mandatado por la Constitución española en cuanto al especial respeto y protección de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas. Y desgraciadamente lo han conseguido. La mayoría de las señorías del Partido Socialista posiblemente hoy se sentirán satisfechas de coincidir en la votación negativa con el Partido Popular; otras, por ejemplo los miembros del Partido Socialista de Cataluña y otros diputados dels Països Catalans y algunos, quizá pocos, de mentalidad más abierta del Grupo Socialista, estoy seguro de que lo lamentarán profundamente. En el ámbito sociolingüístico, la sociedad catalana goza de madurez; madurez adquirida a golpe de esfuerzo para evitar la división de la ciudadanía por cuestión de lengua. Y no nos ha resultado fácil. Siempre que, gracias a las libertades democráticas, se ha podido avanzar en la recuperación de la lengua, han aparecido quienes han intentado boicotear el proceso, desde el manifiesto de los 2.300 autoproclamados intelectuales del año 1981, que pretendían sabotear las primeras actuaciones de la Generalitat reinstaurada, hasta llegar a las actuales críticas a la inmersión lingüística tan loada por la Unión Europea, pero tan denostada por la totalidad de los dirigentes políticos del Partido Popular y algunos del Partido Socialista; ataques que chocan contra los pronunciamientos de los jueces, que nunca han cuestionado la Ley de Política Lingüística del año 1998, y por encima de todo topan con la voluntad del pueblo de Cataluña, que siempre ha contemplado cómo el sistema escolar de conjunción lingüística es el único que permite evitar la división de la sociedad catalana entre catalanohablantes y castellanohablantes. Deben saber que nuestra conciencia nacional se ha configurado básicamente alrededor de la lengua catalana; razón por la cual la reivindicación de los derechos nacionales ha transcurrido íntimamente ligada a la pervivencia de la lengua. En contrapartida, quienes planificaron el genocidio lingüístico preveían alcanzar con su éxito la plena y total desnacionalización a través de la castellanización y españolización de los países catalanes. Todo lo dicho viene a cuento porque entendíamos que la experiencia catalana hubiera podido contribuir a facilitar el tránsito del Estado español desde el uniformismo lingüístico al respeto y fomento de la pluralidad de las lenguas. Superar la minorización de las lenguas exige iniciar ese camino marcado, por otro lado, por la Carta europea de las lenguas regionales que el Estado español suscribió. Que esta proposición de ley que pretende la asunción por parte del Estado del plurlingüismo les llegue, pues, desde un grupo parlamentario catalán, seguro que no les sorprende, pero —dicho con toda humildad— debería haberles estimulado.
La proposición de ley cuya toma en consideración se pretende persigue que se declaren oficiales de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público que de ella dependen, además del castellano, las demás lenguas cooficiales, es decir, el catalán, el euskera y el gallego. Repárese en que lo que no pretende esta proposición de ley es convertir a dichas lenguas distintas del castellano en lenguas oficiales en todo el territorio español, sino en la Administración General del Estado en tanto que administración '63ompartida por todos los ciudadanos y territorios del Estado español. Es decir, si la Administración General del Estado es de todos los ciudadanos, es lógico que esta haga suyas y reconozca como propias y oficiales las demás lenguas españolas. Para oponerse a este argumento tan claro y meridiano no es posible levantar como bandera el artículo 3.2 de la Constitución, argumentando que el mismo restringe la oficialidad de las lenguas distintas del castellano al ámbito de las respectivas comunidades autónomas, y ello no es posible porque la proposición de ley que presentamos no se refiere a la oficialidad territorial, es decir, no se trata de que el catalán sea oficial en Dos Hermanas ni de que el euskera lo sea en Cornellà de Llobregat. La oficialidad que se reclama se predica de una administración pública en tanto que administración situada en una sede central compartida para el conjunto del territorio español; sede central que podría haber sido localizada en cualquier lugar, aunque generalmente se sitúe en Madrid. Por el contrario, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana encuentra todo su sentido constitucional en el artículo 3.3 de la Constitución, que reconoce la riqueza del plurilingüismo y obliga a todos a dedicar a las lenguas un especial respeto y protección. Pues bien, qué mejor respeto y protección que dar a las demás lenguas el mismo trato de oficialidad que ya tiene por mandato constitucional la lengua castellana en la Administración General del Estado. ¿Acaso no tiene ese mismo rango legal la lengua castellana en la Administración de las distintas comunidades autónomas? ¿Por qué negar, pues, a otras lenguas oficiales del territorio español el mismo trato? Lo cierto es que no existe ninguna previsión constitucional que lo impida. En efecto, no solo no existe impedimento constitucional para dar vía libre a la finalidad pretendida por esta proposición de ley, sino que ello viene a ser una exigencia del artículo 14 de la Constitución cuando establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohibe la discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por otra parte, el Estado español firmó y ratificó la Carta de lenguas regionales y minoritarias, cuya plena aplicación requiere la adopción de una medida como la que aquí se propone. Ese tratado internacional constituye parte del ordenamiento jurídico por aplicación del artículo 96 de la Constitución. Si la firma de dicho tratado no era contraria a los preceptos constitucionales —y en ese sentido estamos todos de acuerdo que no lo era— tampoco lo será la proposición de ley que aquí se presenta. Todos los Estados tienen una política lingüística directa o indirecta. El Estado español la hace a través de la Constitución y mediante numerosas leyes, reglamentos y disposiciones. Pues vayamos a ella. Nosotros proponemos desplegarla, ponerla al día, al nivel de lo que requiere el siglo XXI. Demandamos, pues, abrir los ojos a la realidad, con mirada del siglo XXI, trasladar al cuerpo jurídico nuestra realidad plurilingüística, por otro lado nada excepcional. El actual Estado español goza de las características comunes a la inmensa mayoría de Estados europeos. Como bien saben, excepto Islandia, Portugal y Albania el resto de los Estados europeos son plurilingües y en el Estado español más del 40 por ciento de sus ciudadanos y ciudadanas viven en territorios donde se habla lengua distinta a la castellana. El respeto y protección a que obliga la Constitución se ha materializado hasta ahora, principalmente, a través de las disposiciones lingüísticas de los distintos estatutos de autonomía y poco más, aun cuando la ratificación de la antes mencionada Carta europea de lenguas regionales presupone la aceptación de un compromiso de futuro. Por tanto, ha llegado el momento, a nuestro entender, de desplegar todas las potencialidades de la Constitución española en beneficio del Estado plurilingüe, acorde con su contenido, para poder legislar a favor de la protección y promoción de las lenguas españolas distintas al castellano, es decir, las lenguas catalana, euskara y galega. Todas ellas nacionales en sus territorios y habladas en más de una comunidad autónoma española. Con ello, haremos realidad la normalización de su uso en los ámbitos de la vida cotidiana en todos los territorios que constituyen su dominio lingüístico en todo aquello que, sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponde al ámbito comercial, productivo, a los medios de comunicación —para que, por ejemplo, las emisoras de radio y televisión públicas y privadas emitan al menos la mitad de su programación en las lenguas oficiales distintas al castellano—, a la difusión o conocimiento de la realidad plurilingüe, a la inclusión de su conocimiento en los planes de estudio de enseñanza del resto del Estado, etcétera. Ante la magnitud de lo propuesto y a fin y efecto de que todo ello pueda ejecutarse, entendemos que la misma ley debe contemplar la existencia de un comisionado cuya misión sea garantizar el cumplimiento de la ley propuesta. De igual manera, la proposición de ley contempla aquellos apartados que deberían ser legislados a fin y efecto de reconocer los derechos lingüísticos de los ciudadanos para con su relación con la Administración de Justicia.
Como no podía ser de otra manera, la proposición de ley contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas y el Gobierno central determinen la aplicación de esos mismos derechos previstos en la ley para con las lenguas catalana, vasca y gallega pero también para aquellas que no tienen el reconocimiento de oficiales. Es evidente que existen realidades lingüísticas, hoy por hoy no reconocidas ni con el estatus de cooficiales, que deben gozar de protección y ser susceptibles de fomento en el tránsito hacia su posible oficialidad. Hablamos de lenguas minoritarias, algunas de las cuales sufren procesos de minorización, que obligan a una actuación prioritaria: la lengua asturiana, la lengua aragonesa o la lengua tamazigh, por ejemplo, lenguas propias de los territorios de Asturias, Aragón y Melilla, que ofrecen ejemplos claros de lo relacionado. Señorías, estamos convencidos de que es posible alcanzar la modernidad lingüística. Instalados en el primer mundo desarrollado y culto, protagonistas contemporáneos de revoluciones tecnológicas de tamaño descomunal, corresponde al Estado español dar un paso definitivo a favor de la radicalidad democrática, que posibilita la expresión libre de las culturas y de las lenguas que conviven en el actual Estado español, y, en definitiva, invertir en su desarrollo, en su supervivencia. Culminar esta legislatura con la tramitación y aprobación de una ley de lenguas bajo el auspicio de las fuerzas progresistas y nacionalistas que son mayoría en este Parlamento hubiera podido sembrar las bases de una mayor fraternidad entre las naciones del Estado y hubiera marcado un sendero a seguir por otros Estados europeos que hoy día se resisten a reconocer lenguas distintas a las que permitieron la construcción del Estado nación. Hablamos de progreso, señorías del Partido Socialista, pero en el fondo ustedes también confunden, como el Partido Popular, el Estado español con Castilla y con su lengua, y no es menos cierto que en este mismo Parlamento las fuerzas nacionalistas y progresistas van a apoyar esta proposición de ley. Ustedes, diputados socialistas, tienen la palabra y, situados en un cruce de caminos, pueden escoger entre la vía de la reacción o la vía del progreso. A nuestro entender, la modernidad y la profundización de la sociedad democrática también pasan por el plurilingüismo. Si no se produjera por lo menos una actitud de tan solo aceptarla a trámite después de los apoyos parlamentarios recibidos de Esquerra Republicana, entenderíamos que estamos ante una situación lamentable, penosa y desleal y demostraría hasta qué punto no se han dignado ni siquiera a valorar nuestros posicionamientos. Hoy ustedes, negándose a dar luz verde, nos vuelven a demostrar que la España plural que predican es un puro espejismo, un puro engaño, y ustedes sus protagonistas. Debía tener razón Josep Pla cuando en referencia a los asuntos de la lengua afirmaba que lo más parecido a un español de derechas se encontraba en un español de izquierdas, y si además este vive instalado en el maquiavelismo amoral, doble ración.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
A usted, señor Tardá. Pasamos al turno de fijación de posiciones, señorías, a no ser que algún grupo desee ejercer turno en contra. Comenzamos por el señor Rodríguez y el señor Labordeta, en nombre del Grupo Mixto. En primer lugar, Señor Labordeta.

El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a defender y a votar a favor de esta proposición de ley, fundamentalmente porque pertenecemos a un territorio en el cual hay tres lenguas: el castellano, que es mayoritario, el catalán, que es el de la zona oriental fundamentalmente, y el aragonés. Sabemos que durante muchos años a la gente que ha estado hablando aragonés o, sobre todo, catalán se la avergonzaba diciendo que hablaban chapurreando, es decir, que no sabían hablar el castellano porque la lengua materna de ellos era el catalán. Vamos a votar a favor porque es el momento de defender un idioma reducido por la historia pero que ha tenido momentos importantes y que sigue utilizándolo una minoría, y hay que defender a esa minoría al igual que defendemos las pequeñas ermitas románicas que hay en el Pirineo aragonés. Queremos hablar de la ley de lenguas. Llevamos muchos años reclamando al Gobierno de nuestra comunidad autónoma que saque adelante una ley de lenguas, sobre todo para defender estos dos idiomas que son el aragonés —reducido, mínimo— y el catalán de la zona oriental que poco a poco va cobrando mayor personalidad. Ahora hay un grupo de gente, intelectuales y artistas, que publica semanalmente una revista que se llama La Franja que da una visión aragonesa de la zona donde se habla catalán, que yo creo que está francamente bien. Por esas razones vamos a apoyar la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta. Señor Rodríguez, en el mismo turno del Grupo Mixto, adelante.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. El Bloque Nacionalista Galego también va a apoyar, y de forma entusiasta, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Lo hacemos porque, sin duda alguna, es una asignatura pendiente en la democratización del Estado español. La propuesta de Esquerra Republicana tiene un amplio valor desde el punto de vista de perseguir que la estructura del poder lingüístico del Estado español responda a su pluralismo; a su pluralismo lingüístico y, por tanto, a su pluralismo nacional. Si se quiere un Estado español plurilingüe, el modelo que se presenta en esta proposición de ley es perfecto. Se pueden discutir algunos aspectos puntuales, pero se trata de asegurar que en los espacios territoriales y en las distintas lenguas que hay en el Estado español haya un proceso de normalización total, incluidos los ámbitos de competencia del Estado, y que después haya el derecho individual a relacionarse con la Administración central en la lengua que sea elegida por los individuos. Nos gustaría señalar aquí que no se trata efectivamente de que en Sevilla o en Madrid hablen catalán o gallego, sino de posibilitar que todos los ciudadanos del Estado español, en concreto los catalanes, vascos y gallegos, puedan ejercer los mismos derechos lingüísticos que hoy tienen los que hablan español. Esto se hace a partir de una concepción que puede caber en la Constitución española, de una interpretación de los artículos 3.3, 9.2 y 46. Esta iniciativa desarrolla un mandato constitucional en una interpretación que se puede considerar abierta, y desde luego extensa, del espíritu de la Constitución española, pero no se puede decir, en absoluto, que no sea constitucional y va destinada a acabar con dificultades y discriminaciones que padecen nuestras lenguas. Me gustaría recordar algunos de los puntos cruciales de la proposición de ley. No voy a referirme a los servicios centrales y periféricos de la Administración central, que quedarían plenamente comprometidos en procesos de atención a los usuarios de estas lenguas que no son el de una ley de lenguas bajo el auspicio de las fuerzas progresistas y nacionalistas que son mayoría en este Parlamento hubiera podido sembrar las bases de una mayor fraternidad entre las naciones del Estado y hubiera marcado un sendero a seguir por otros Estados europeos que hoy día se resisten a reconocer lenguas distintas a las que permitieron la construcción del Estado nación. Hablamos de progreso, señorías del Partido Socialista, pero en el fondo ustedes también confunden, como el Partido Popular, el Estado español con Castilla y con su lengua, y no es menos cierto que en este mismo Parlamento las fuerzas nacionalistas y progresistas van a apoyar esta proposición de ley. Ustedes, diputados socialistas, tienen la palabra y, situados en un cruce de caminos, pueden escoger entre la vía de la reacción o la vía del progreso. A nuestro entender, la modernidad y la profundización de la sociedad democrática también pasan por el plurilingüismo. Si no se produjera por lo menos una actitud de tan solo aceptarla a trámite después de los apoyos parlamentarios recibidos de Esquerra Republicana, entenderíamos que estamos ante una situación lamentable, penosa y desleal y demostraría hasta qué punto no se han dignado ni siquiera a valorar nuestros posicionamientos. Hoy ustedes, negándose a dar luz verde, nos vuelven a demostrar que la España plural que predican es un puro espejismo, un puro engaño, y ustedes sus protagonistas. Debía tener razón Josep Pla cuando en referencia a los asuntos de la lengua afirmaba que lo más parecido a un español de derechas se encontraba en un español de izquierdas, y si además este vive instalado en el maquiavelismo amoral, doble ración. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, señorías, a no ser que algún grupo desee ejercer turno en contra. Comenzamos por el señor Rodríguez y el señor Labordeta, en nombre del Grupo Mixto. En primer lugar, Señor Labordeta.

El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a defender y a votar a favor de esta proposición de ley, fundamentalmente porque pertenecemos a un territorio en el cual hay tres lenguas: el castellano, que es mayoritario, el catalán, que es el de la zona oriental fundamentalmente, y el aragonés. Sabemos que durante muchos años a la gente que ha estado hablando aragonés o, sobre todo, catalán se la avergonzaba diciendo que hablaban chapurreando, es decir, que no sabían hablar el castellano porque la lengua materna de ellos era el catalán. Vamos a votar a favor porque es el momento de defender un idioma reducido por la historia pero que ha tenido momentos importantes y que sigue utilizándolo una minoría, y hay que defender a esa minoría al igual que defendemos las pequeñas ermitas románicas que hay en el Pirineo aragonés. Queremos hablar de la ley de lenguas. Llevamos muchos años reclamando al Gobierno de nuestra comunidad autónoma que saque adelante una ley de lenguas, sobre todo para defender estos dos idiomas que son el aragonés —reducido, mínimo— y el catalán de la zona oriental que poco a poco va cobrando mayor personalidad. Ahora hay un grupo de gente, intelectuales y artistas, que publica semanalmente una revista que se llama La Franja que da una visión aragonesa de la zona donde se habla catalán, que yo creo que está francamente bien. Por esas razones vamos a apoyar la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta. Señor Rodríguez, en el mismo turno del Grupo Mixto, adelante.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. El Bloque Nacionalista Galego también va a apoyar, y de forma entusiasta, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Lo hacemos porque, sin duda alguna, es una asignatura pendiente en la democratización del Estado español. La propuesta de Esquerra Republicana tiene un amplio valor desde el punto de vista de perseguir que la estructura del poder lingüístico del Estado español responda a su pluralismo; a su pluralismo lingüístico y, por tanto, a su pluralismo nacional. Si se quiere un Estado español plurilingüe, el modelo que se presenta en esta proposición de ley es perfecto. Se pueden discutir algunos aspectos puntuales, pero se trata de asegurar que en los espacios territoriales y en las distintas lenguas que hay en el Estado español haya un proceso de normalización total, incluidos los ámbitos de competencia del Estado, y que después haya el derecho individual a relacionarse con la Administración central en la lengua que sea elegida por los individuos. Nos gustaría señalar aquí que no se trata efectivamente de que en Sevilla o en Madrid hablen catalán o gallego, sino de posibilitar que todos los ciudadanos del Estado español, en concreto los catalanes, vascos y gallegos, puedan ejercer los mismos derechos lingüísticos que hoy tienen los que hablan español. Esto se hace a partir de una concepción que puede caber en la Constitución española, de una interpretación de los artículos 3.3, 9.2 y 46. Esta iniciativa desarrolla un mandato constitucional en una interpretación que se puede considerar abierta, y desde luego extensa, del espíritu de la Constitución española, pero no se puede decir, en absoluto, que no sea constitucional y va destinada a acabar con dificultades y discriminaciones que padecen nuestras lenguas. Me gustaría recordar algunos de los puntos cruciales de la proposición de ley. No voy a referirme a los servicios centrales y periféricos de la Administración central, que quedarían plenamente comprometidos en procesos de atención a los usuarios de estas lenguas que no son el tal y como aprobamos y votamos la mayoría de este Pleno a principio de la legislatura en el año 2004. La reacción natural es presentar, como hace hoy Esquerra Republicana, una proposición de ley para hacer efectivas las mociones y las proposiciones que hemos aprobado. Ese es el motivo de tanta insistencia. Necesitamos no solo que la periferia sea bilingüe, sino que en las instituciones de la Administración central del Estado se reconozca la realidad más plurilingüe de toda Europa. Eso es lo que reivindica la proposición de ley. La pregunta es: ¿Con quién tenemos que hacer esto? Nosotros entendemos que lo tenemos que hacer con el Gobierno socialista. Es cierto que este es el Gobierno más activo en los últimos años en defensa del carácter plurilingüe del Estado. Es el Gobierno que ha garantizado la presencia del catalán, del euskera y del gallego en las instituciones europeas. La conclusión es que es un Gobierno con voluntad política de hacerlo, pero sorprende que lo que pide en Europa no puede hacerlo realidad en España. ¿Por qué lo que nos sirve para Europa no nos sirve para nosotros? Nosotros creemos que también nos debería servir. Si decimos sí al plurilingüismo y a la periferia bilingüe, es hora de que el centro reconozca el carácter plurilingüe de las instituciones básicas del Estado, de que reconozca un principio que aparece en la proposición de ley, como es la disponibilidad lingüística. ¿Con quién lo tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, solo lo podemos hacer con un Gobierno que ha hecho gestos, con instrumentos que vayan al grano y que permitan cambiar la legislación, hacer realidad ese principio de disponibilidad lingüística, que todos los ciudadanos puedan vivir en cada una de sus lenguas. Las diferentes lenguas del Estado deben ser oficiales en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales centrales, lo cual no significa que se hable catalán en Sevilla o en Santander, sino que asociemos el derecho lingüístico a la persona para que esta se pueda dirigir a las instituciones del Estado en su lengua, algo que parece bastante razonable. En este sentido, hay que adecuar toda la legislación sectorial al principio de personalidad en el ámbito español y de oficialidad oral y escrita de las cuatro lenguas, con plena igualdad lingüística también en la Administración periférica del Estado y en los símbolos del mismo. ¿Qué proponemos? Al igual que el grupo proponente, pluralismo igualitario, así como plurilingüismo igualitario de catalán, de catalán-valenciano, como reconocen las instituciones europeas, de euskera y de gallego. ¿Qué pretendemos? Que se reconozca el derecho a conocer estas diferentes lenguas, algo que hoy no está garantizado en el conjunto del Estado, sino que solo está escrito negro sobre blanco en las proposiciones no de ley que hemos aprobado; que las instituciones del Estado o, por ejemplo, Radio Televisión Española ejerzan esta función; que exista una cadena pública de carácter educativo que realice esta función, y no que cerremos cadenas o emisoras en catalán pensando que la emisión en catalán, en gallego o en euskera es solo responsabilidad de la Administración de las comunidades autónomas. No, también lo es de la Administración central del Estado, como también lo es de Radio Televisión Española. Pretendemos medidas concretas como las que se han acordado en los diferentes convenios que ha aprobado y ratificado el Gobierno y el Congreso, que se garantice ese derecho a conocer. Señor Tardá, señoras y señores diputados, nosotros somos partidarios del gradualismo y llevamos muchos años haciendo declaraciones de intenciones y pronunciamientos políticos. Sin lugar a dudas, ha habido avances, pero no son suficientes porque hoy ese derecho individual a utilizar la lengua —se pongan como se pongan— no se garantiza. Por este motivo valoramos de forma muy positiva que el Estatut de Cataluña que acabamos de aprobar en Comisión recoja el derecho y el deber de conocer el catalán. Este es un avance importantísimo; un avance sin precedentes; un avance que hará que por primera vez en la historia en Cataluña haya igualdad jurídica entre catalán y castellano. ¿Sentido común? Sí, pese que a veces y en algunas formaciones últimamente el sentido común parece el menos común de los sentidos.
Segundo elemento: gradualismo. En el Poder Judicial, cuando hemos aprobado un Estatut y vamos a aprobar una ley orgánica del Poder Judicial que va a hacer posible que el catalán sea una realidad en los juzgados, que el derecho individual a utilizar una lengua sea realidad en los juzgados en Cataluña, con el mérito determinante y, por supuesto, con el requisito de conocer el catalán para consolidar plaza, con medidas concretas que se han aprobado ya en la Unión Europea o en el DNI. A todo esto le tenemos que sumar una voluntad que nos falta, que es la voluntad de adecuar la Administración central del Estado al plurilingüismo más rico de la Unión Europea. Por eso decimos que sí a la proposición de ley y por eso también decimos que no solo deberíamos aprobarla, sino que deberíamos abrir un camino para que este plurilingüismo fuese efectivo, por ejemplo, con una reforma del artículo 3 de la Constitución española. También, claro que sí. Señor Tardá, como le decía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nosotros tampoco nos desanimamos. Creemos que en esta legislatura estamos trabajando con quien debemos trabajar, también notamos que hay veces que les falta decisión política para aprobar lo que hay que aprobar, pero se ha avanzado y lo que haríamos con la tramitación de esta proposición de ley sería poner negro sobre blanco el compromiso de este Congreso, que es modificar las leyes para que las instituciones centrales del Estado se adecuen a la realidad más plurilingüe de toda Europa y para que cumplamos el fin de defender, de promocionar ese plurilingüismo. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias. Continuamos con el turno del señor Beloki, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, para fijar posición en esta proposición de ley. Adelante, señor Beloki.

El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, como supongo que a estas alturas no le extrañará a nadie en este hemiciclo, mi grupo votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta a la Cámara con la denominación de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano. Y aclaro. Lo vamos a hacer sin insistir en las razones que para ello tiene mi grupo y que son de sobra conocidas por todo el mundo. Por cierto, son también las que figuran en la exposición de motivos de la ley, por lo que no es necesario que insistamos en ellas. Se trata, como digo, de razones archiconocidas por todo el mundo; pero no solo conocidas, sino que han sido enunciadas e incluso proclamadas en numerosísimas ocasiones yo diría que prácticamente por todo el mundo en esta Cámara, por quienes se sientan a la derecha, a la izquierda y en el centro; por todo el mundo. Los diarios de sesiones de esta Cámara —por solo referirnos a los que más directamente nos competen— contienen numerosísimos testimonios de lo que digo. El respeto, el amor incluso a las distintas lenguas del Estado constituye algo así como un cierto leitmotiv, una especie de lugar común, un lugar socorridísimo al que se ha apuntado prácticamente todo el mundo en una u otra ocasión, y hoy seguramente se apuntará también todo el mundo. Si la mitad de las veces en las que se ha hecho una declaración de amor hacia todas las lenguas del Estado se hubiera dado un mínimo paso hacia delante, hoy seguramente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero por falta de declaraciones, incluso de amor, que no quede; otra cosa son los hechos. En el terreno de los hechos seguimos malamente, por lo que hace al ámbito de la proposición de ley que hoy se toma en consideración, en apenas algunos gestos, por cierto los pocos gestos llenos de discusión y debate; hechos que, en la mayoría de los casos, han venido también a rastras de las presiones del momento y sin horizonte alguno de en qué finalmente puede consistir el llamado Estado plurilingüe que dicen que definió la Constitución. Después de tantos y tantos años de democracia, hoy todavía seguimos ahí. Mi grupo ha lamentado en diversas ocasiones que cuantas veces se ha planteado alguna iniciativa a favor de las llamadas otras lenguas del Estado, las que no son el castellano, los promotores de la misma siempre han tenido que ser grupos que no son ninguno de los dos grupos mayoritarios; siempre han sido otros grupos los que han promovido las iniciativas. Esto demuestra que ese principio tan amplia como vanamente enunciado de que estamos en un Estado plurilingüe, apenas constituye otra cosa que una mera retórica que se mueve al albur de los tiempos y de las ocasiones entre quienes hablan una lengua en la intimidad un día y otro día promueven que allá en Europa, en la lejanía, se hable también la lengua, pero que no terminan de tener una traducción real, razonable y normalizada a la situación del Estado. La toma en consideración de una proposición de ley como la que hoy debatimos puede constituir una ocasión magnífica para pasar de enunciados a realidades y de dichos a hechos. No es evidentemente la primera ocasión, como ya se ha citado aquí, y al parecer tampoco será la última, pero en todo caso constituye una oportunidad más para corregir ese rumbo hacia más bien ninguna parte, que es lo que de hecho ha recorrido hasta hoy la inmensa mayoría de las administraciones y entidades dependientes de instancias centrales y que parecerían, a tenor de lo ocurrido, condenadas a hacerlo también en el futuro. Mi grupo, a decir verdad, tiene poca esperanza también en esta ocasión. Reconocemos —no tengo reparo alguno en decirlo— que el tema no es fácil, que no es sencillo, que es mucho más fácil enunciar genéricamente el Estado plurilingüe que saber traducirlo con realismo y decisión a la práctica diaria del complejo entramado institucional; con realismo, con decisión e incluso también, si se quiere, con delicadeza. Eso es mucho más difícil. Mi grupo reconoce, incluso, que puede haber distintas formas de entender y concretar esa obligación constitucional y, por lo mismo, aclaro que a la hora de votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos presenta Esquerra Republicana, no entramos a valorar en absoluto los términos precisos en los que está redactado su articulado. Hablaremos de eso en su momento, si se dan el caso y la oportunidad. Lo que hoy nos gustaría promover con nuestro voto, junto con Esquerra y otros grupos, es que de una vez se abra un debate a fondo sobre ese enunciado de la España plurilingüe que conlleve antes o después y en los términos que proceda la concreción administrativa de la misma. Todo menos mirar una vez más para otro lado. En la medida en que se siga mirando para otro lado y no se promueva ninguna iniciativa, a nuestro grupo le parece que dos tipos de conclusiones se imponen. Por un lado, se confirma que cuantas afirmaciones se hagan hoy o mañana —por muy solemnemente que se hagan— de Estado plurilingüe son absolutamente increíbles y no merecen ninguna credibilidad, son palabras hueras, vacías. Por otro lado, que haya o no debate, que haya o no concreción administrativa del Estado plurilingüe, en el Estado seguirá habiendo eso que se llaman otras lenguas además del castellano, pero ese Estado será cada vez menos —y ya es decir después de tantos años de obligación constitucional— el Estado de esas lenguas y, consecuentemente, será también cada vez menos el Estado de los que hablan esas lenguas. Un día, quizá también los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, entre otros, dejemos de plantear la adecuación de las estructuras del Estado a la realidad plurilingüe del mismo y nos cansemos de tener iniciativas en tal sentido. Pero ténganlo por seguro, no lo haremos porque hayamos desistido de nuestras propias lenguas sino que habremos desistido de una vez por todas de un Estado que se resiste hasta el final a ser el Estado de las mismas. Hoy todavía no es el caso, al menos de quienes estamos aquí. Esquerra presenta una iniciativa, nosotros la apoyaremos y ojalá que sea el comienzo de algo que pudiera fructificar en eso que todos decimos pero, al parecer, nadie se decide a llevarlo a efecto con realismo.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Beloki. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ejercerlo tiene la palabra don Jordi Vilajoana.

El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras para manifestar en nombre de mi grupo, Convergència i Unió, el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley de la protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano, presentada y defendida por Esquerra Republicana. Vamos a votar favorablemente porque, como ha dicho muy bien don Joan Herrera cuyas palabras quiero suscribir al cien por cien, esta ley resume las inquietudes, los esfuerzos y las voluntades de muchos políticos, de muchos grupos parlamentarios que en los últimos 25 años de democracia han ido acercándose, mejorando o intentando ganar cuotas para las lenguas distintas del castellano del Estado español. Lamento, por lo que nos ha dicho el señor Tardá, que esta proposición de ley no vaya a tener el apoyo del Grupo Socialista, con lo cual no va a ser posible algo que planteaba el señor Beloki y que yo también quería manifestar: la necesidad de debatir claramente sobre este tema. El 27 de febrero, hace unos días, nos reunimos un conjunto de representantes de los partidos políticos catalanes en esta Cámara —Esquerra Republicana, Partido Socialista, Iniciativa per Catalunya y Convergència i Unió—, convocados por el Observatori de la llengua catalana en las instalaciones de Omnium Cultural y estuvimos analizando junto a filólogos y juristas esta proposición de ley. Allí se vieron varias cosas. En primer lugar, que era una iniciativa con unos contenidos claramente mejorables, que había voluntad de mejorarlos, y se resumía de alguna forma esta voluntad global expresada durante muchos años por todos estos grupos políticos —Esquerra, Convergència, Iniciativa y en muchos aspectos el Partido Socialista— de construir conjuntamente este Estado plurinacional y plurilingüístico. También el martes de la semana pasada fuimos visitados por el Observatori de la llengua catalana, por el Observatorio de la lengua vasca y el de la gallega, quienes nos comunicaron el informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación en el Estado español de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, uno de los avances que se han conseguido en estos años y que firmó el Partido Popular. ¡Fantástico!. ¿Qué decía este informe? En primer lugar, mencionaba un aspecto muy importante que se ha debatido en las últimas semanas —ha hablado usted bien, señor Herrera—, el catalán en las escuelas. Pues bien, este informe del comité de expertos del Consejo de Europa, formado por expertos nombrados por los Estados —es decir, el Estado español nombra a una serie de personajes que forman parte de este comité de expertos—, valora muy positivamente la forma y el tratamiento en el sistema educativo catalán de la lengua catalana y su convivencia con la lengua castellana. Frente a algunas opiniones que se han oído en esta Cámara sobre el problema del español o castellano en Cataluña, este informe valora muy positivamente el tratamiento que se da en el sistema educativo catalán de la lengua catalana y también del castellano. Repito, estos expertos valoran positivamente el esfuerzo que hacen los gobiernos de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas al castellano. Sin embargo, en el informe hay cosas como que de la lengua vasca prácticamente faltan datos, porque el Gobierno estatal no los tiene, el Gobierno autónomo es el que lleva toda la política lingüística, pero no ha hecho el esfuerzo de solicitarlos para añadirlos al informe. Es decir, el debate que es importante realizar y que de una forma u otra estamos haciendo en estos últimos meses en esta Cámara es el debate de si las lenguas españolas distintas del castellano son un tema que afecta al Estado, y por tanto el Estado debe colaborar, construir y ayudar a la construcción del Estado plurilingüe, o este es un problema de los gobiernos autonómicos. En un debate reciente que tuvo lugar en esta Cámara respecto a una proposición de ley —lo planteaba antes el señor Herrera—, el Partido Socialista reconocía en un momento dado que se planteaba que esto de las lenguas minoritarias era un tema de los gobiernos autonómicos, e incluso yo he escuchado a diputados de esta Cámara que en conversaciones o debates privados dicen que el Estado no es plurilingüe, que el Estado es monolingüe, tiene una lengua que es el español, el castellano, y los que son plurilingües son Cataluña, el País Vasco, Valencia, las Islas Baleares, Galicia… Este es el debate. Nosotros entendemos que el Estado es plurilingüe, y hoy el señor López Garrido decía, cuando debatíamos el Estatuto, que el catalán es una lengua española. Este es el tema de esta proposición de ley. Si realmente el catalán es una lengua española, el Estado debe preocuparse del catalán con la misma intensidad que se preocupa el Gobierno de la Generalitat en Cataluña del catalán, y esto es lo que no ocurre, esto es lo que no ha ocurrido de una forma sistemática. Sí hay cosas, hay hechos, hay victorias, hay avances; como decía el señor Herrera, forma parte de esta especie de ADN que siempre haya aquí un diputado catalán, o dos, 25 ó 30, que van planteando proposiciones no de ley, proposiciones de ley o mociones que permiten ir avanzando, como por ejemplo que los DNI sean bilingües, y parece un gran avance, pero es como una cesión del Estado hacia aquel Gobierno autonómico o hacia aquel ciudadano cuando realmente tenía que ser un elemento en el que el Estado asumiera que forma parte de su construcción y de su evolución defender estas lenguas y, como se ha dicho aquí por parte de diferentes portavoces de distintos grupos de esta Cámara, que el Estado asumiera que el catalán, el vasco y el gallego son lenguas propias de este Estado porque forman parte de lenguas de este Estado global. Esto es lo que intentaba sacar adelante esta proposición de ley. Creo que es importante que, si ahora no lo conseguimos, como se ha dicho, sigamos y que este debate no se pierda, este debate finalmente lo hemos de construir y definir claramente, y también se ha dicho antes por parte del señor Herrera —y a mí me gustaría recalcarlo— que hace unas horas se ha aprobado en Comisión el Estatut de Catalunya en una primera fase, después de una brillantísima dirección por parte del presidente de esta Comisión Constitucional. Este Estatuto supone un avance muy importante respecto al Estatuto de 1979 en el reconocimiento del catalán, que tiene en Cataluña los mismos derechos que el castellano, es decir, el derecho a usarlo y el deber de conocerlo, es un avance de una gran importancia, y también se han abordado algunas áreas que parecían intocables e inabordables: la justicia, donde el conocimiento del catalán para las personas que quieran ejercer de juez en Cataluña es un mérito y en el fondo también un deber. Este es otro salto importantísimo pero muy simple, muy llano, es una cosa que ocurre muchas veces en Cataluña: la integración, la cohesión que se ha producido en Cataluña y el conocimiento de esta lengua es muy alto, pero había unas áreas muy concretas donde había un déficit, y repito que el Estatuto que esta mañana hemos aprobado en Comisión da un salto muy importante en esta línea, aspectos que recogía esta ley que hoy se propone. Por todos estos motivos, dos cosas. Tienen nuestro apoyo, Grupo de Esquerra Republicana, entendemos que se debe seguir trabajando en esta proposición de ley cuya toma en consideración parece ser que hoy no se aprobará, e incluso yo diría que hay grupos en Cataluña interesados en trabajar más en esta ley y creo que no hemos de perder la oportunidad, y en este sentido agradecemos la actitud de l’Observatori de la Llengua Catalana, que hizo esta jornada con la idea de construir elementos que mejoren esta proposición. Tenemos mucho tiempo por delante para ir avanzando en este tema y no duden, señoras y señores diputados, que finalmente este debate tendrá que concluirse y que un Estado plurilingüe pasa por que el Estado asuma como propias las lenguas distintas del castellano del Estado español. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana, muchísimas gracias. Continuamos, señorías, con el turno de la señora Rodríguez-Salmones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias presidenta. Voy a hacer en primer lugar una alusión, señor Tardá, al tono de su intervención diciendo sencillamente que usted ha intentado ofender, ha cargado la suerte y ha utilizado muchos minutos preciosos en esta Cámara solo para ofender e insultar (Aplausos.) No ofende quien quiere sino quien puede y nunca encontrará en nuestro grupo una actitud semejante hacia nadie sentado aquí como representante de la soberanía popular. El tono y los insultos de esa índole nos los utilizaremos nunca. (Rumores.—Un señor diputado: ¡No!) No lo podía dejar pasar, señor Tardá, y no quiero perder más tiempo en esto. Entro ahora en la materia que nos ocupa. Nosotros tenemos una discrepancia sencillamente con el objeto de la ley que usted ha titulado muy bien de la oficialidad de las lenguas. Nuestra postura no puede ser más fácil y sencilla. Ustedes mencionan, y lo apreciamos, varias veces la Constitución española a lo largo de su texto, mencionan repetidamente el artículo 3.3. Pues nuestra postura es el artículo 3 de la Constitución entero. El artículo 3.1 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Lo dice la Constitución, señor Vilajoana, no lo decimos cualquiera de nosotros. Es la lengua española. ¿Por qué? Porque las demás son lenguas españolas también. No porque lo digamos nosotros. Lo dice la Constitución. El artículo 3.2 dice que en cada comunidad autónoma, además del castellano, hay una lengua propia oficial también en el mismo nivel que es aquella que reconoce su Estatuto de Autonomía. Y el 3.3 dice que existe el deber del Estado de apoyar dentro de todo el territorio nacional y también fuera a todas las lenguas que denomina españolas. No es que alguien diga aquí que son españolas. No, la Constitución, y por tanto yo y mi grupo, dice que todas son lenguas españolas, que el Estado tiene, según el artículo 3.3 de la Constitución, el deber de apoyarlas, que son cooficiales en sus comunidades autónomas y que la lengua española oficial es el castellano. El asunto no puede ser más simple. Pocos artículos hay en los que quepan menos interpretaciones. Cabe un desarrollo muy amplio, pero las interpretaciones no pueden estar más claras. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: El señor Tardá, y me vuelvo a referir a él, ha reconocido ante una compañera mía en un programa de televisión que nunca se avanzó tanto en el plurilingüismo y en la cooficialidad que la Constitución reconoce en las comunidades autónomas que tienen lengua propia como en tiempos de Gobierno del Partido Popular. El señor Herrera ha mencionado al señor Saura. Sí, usted lo reconoció. Yo llevé ese debate con el señor Saura. (El señor Herrera Torres hace signos negativos.) Si cumplimos o no, eso será opinable. Lo que usted dijo es: el señor Saura propuso. El señor Saura propuso y este Parlamento con nuestro voto aprobó una moción que no tiene nada que ver con lo que hoy nos están trayendo aquí de la oficialidad en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos siendo coherentes, lo haremos mejor o peor, pero con coherencia. Lo que hoy se nos trae es la oficialidad de las lenguas españolas, de las cinco, en todo el territorio nacional. A veces lo hemos simplificado, y a ustedes no les gusta, y piden que un ciudadano que hable catalán pueda presentar en una comisaría de Sevilla una denuncia en catalán porque le han robado el coche, y que además, dicen ustedes en su proposición de ley, esa Administración le tenga que responder en catalán. Por tanto, no se trata del plurilingüismo o de las lenguas españolas, sino de la oficialidad. Pues bien, ahí, señor Tardá, nosotros lo tenemos muy claro, el castellano es la lengua oficial, además es la común, tenemos esa suerte, sencillamente es la lengua oficial. En la cooficialidad en cada una de las comunidades autónomas que tienen lengua propia nos encontrarán al máximo, lo haremos mejor o peor, pero al mil por ciento en la cooficialidad. Fuera de las comunidades autónomas que tienen esa lengua no es lo que dice la Constitución, así de claro. No sé si se va a tomar en consideración, creo que el Grupo Socialista —según ha dicho el señor Tardá— no lo va a hacer, pero a pesar de eso no puedo dejar de referirme a algunas cuestiones que se revelan aquí y que nos preocupan. Una, su actitud ante el valenciano. Es inadmisible, señor Tardá, que cuando aquí últimamente se ha expresado la voluntad del pueblo valenciano de tener una lengua propia que se llama valenciano, ustedes sigan tratando con el desprecio que tratan a ese pueblo y esa actitud. (Aplausos.) No se pueden hacer las menciones que ha hecho usted. Me extendería en algunas de las cuestiones que ustedes plantean. Por ejemplo, ¿han leído detenidamente los señores que tienen otra lengua, el gallego, el euskera, en virtud de qué dice el Grupo de Esquerra Republicana que debe ser apoyada cada una de ellas dentro del territorio y fuera de él? En virtud del número de habitantes. No es la lengua, pretenden que sea diez veces más apoyado el catalán fuera de nuestras fronteras que el euskera o el galego. Lo dicen literalmente así en su artículo 3. Es una señal de que vienen atropellando, porque es muy grave decir eso. Podría citarle más cuestiones, por ejemplo, una totalmente insolidaria. Usted puede presentar esa denuncia en Sevilla pero no lo puede hacer en Euskadi, no sabemos por qué. Usted no se dirige a las comunidades con lengua propia, y lo dice expresamente en el artículo 6 de su proposición. Por todas partes, señor Tardá, se revela una voluntad atropelladora por parte de su grupo, y lo tengo que decir así. Voy a hacer un inciso con los medios de comunicación, que desde luego no es tema sustancial, pero deben saberlo. Que usted diga que todas las televisiones españolas deben emitir al menos el 50 por ciento de su programación y en prime time en cada una de las lenguas españolas es sencillamente decir que quiere que cierren esas cadenas de televisión. No hay en este mundo una empresa que pueda aguantar tener el 50 por ciento de su programación en seis lenguas. Por último, el colmo de la incongruencia, el señor Saura y nosotros hablamos de que todo esto fuera vigilado por una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional —y me uno a las felicitaciones al señor Guerra por el trabajo que ha hecho—, ahí es donde residíamos la vigilancia, y ustedes nos sacan a un comisionado del Estado. O sea, todo esto lo va a vigilar el centralismo más puro en nombre de un comisionado —señor Puigcercós, artículo 4 de su propuesta— cuyas funciones se desarrollarán reglamentariamente. La incongruencia total, el avasallamiento de una de las lenguas, concretamente al valenciano, pero también de todas las demás, y el salirse completamente del marco constitucional, señor Tardá, nos pone muy fácil nuestro voto negativo. Y, señor Jáuregui, ahí le quiero ver. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. Finalizamos el debate de esta proposición de ley con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, del señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si ustedes recuerdan, señorías, uno de los pasajes del Quijote en el que Cervantes reivindica la capacidad de todas las lenguas para ser vehículos de cultura y de literatura. La cita, oportuna creo yo, dice así: Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doyme a entender que no anda muy acertado en ello y la razón es ésta. Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio escribió en griego porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase al poeta alemán porque escribe en su lengua, ni al castellano, ni aun al vizcaino que escribe en la suya. La cita de Cervantes acaba aquí, y cuatro siglos después no está de más decir, señorías, que esa es precisamente una de las señas identitarias de España, precisamente esa, su diversidad lingüística. Elemento de nuestra identidad secularmente ocultado en muchas ocasiones o despreciado por quienes se empeñaron y todavía se empeñan en una idea estrecha y esencialista de España, de una España negadora de su pluralidad de pueblos, culturas y lenguas. Comienzo, señorías, mi intervención en esta proposición de ley haciendo un canto con Cervantes a nuestra pluralidad lingüística y a nuestra identidad lingüística o plurilingüe, si ustedes quieren llamarla así, para explicar mejor la negativa del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición de ley, que pretende extender al conjunto del territorio de España la declaración de lenguas oficiales de las lenguas españolas distintas del castellano. Porque una cosa es declarar orgullosos, como lo hacemos los socialistas, que en España hay varios idiomas oficiales en varias de sus comunidades, y otra es decir, como pretende la proposición, que esos idiomas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas lo son también en la totalidad del Estado, en la totalidad del país. Esto es lo que nos lleva, señorías, a la discusión sobre el alcance de esta expresión que a veces utilizamos de manera común, que es Estado plurilingüe, y que tiene que concretarse de una manera clara en torno a la significación que entendemos nosotros. Quiero decir que en aquellas comunidades en las que hay una lengua propia distinta del castellano esa es lengua oficial y corresponde a la legislación autonómica —cuidado, señorías, a la autonómica— establecer las medidas de tal declaración a efectos de derechos, deberes, protección y fomento. Por cierto, como lo acabamos de hacer en el Estatuto de Cataluña estos últimos días. Pero en el resto del país donde no hay más que una sola lengua el castellano es el idioma oficial y único. Los derechos lingüísticos de los ciudadanos bilingües lo son en el ámbito de su comunidad y no fuera de ella. Esta es la posición no solo de sentido común político, en nuestra opinión, sino la jurídica. Y lo voy a explicar. Nosotros creemos que esta proposición no encaja en la Constitución. Primero, porque el artículo 3.1 y 3.2 de nuestra Carta Magna declara que el castellano es la lengua oficial del Estado, y en el apartado 2 se sanciona la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. El artículo 3, en sus puntos 1 y 2, corresponden a la base reguladora del pluralismo lingüístico, en cuanto a su incidencia en el plano de la oficialidad en el ordenamiento constitucional español. Señorías, este es el marco jurídico de esa declaración de oficialidad. La cooficialidad de las lenguas propias de las comunidades autónomas es un derecho que tiene un contenido estrictamente territorial. Esto tenemos que aceptarlo. El Estado debe respetar y proteger esas lenguas autonómicas, y lo hace, pero no puede imponer, señorías, su oficialidad en otras comunidades autónomas ni puede proclamar derechos lingüísticos derivados de la cooficialidad de las lenguas distintas del castellano a través de una ley ordinaria. No se puede. La ley que estamos discutiendo aquí no sería constitucional; inclusive, insisto, el deber de respeto y de protección de la riqueza lingüística no ampara declarar lengua oficial del Estado español las distintas lenguas a que se refiere dicho artículo; una interpretación sistemática de ese mismo artículo excluiría tal declaración de oficialidad de esas lenguas por estar claramente acotada, como ya he dicho antes, en los apartados 1 y 2 de dicho precepto. Pero no es solamente el argumento jurídico, señorías, constitucional o jurisprudencial —que luego citaré, que también hay jurisprudencia muy expresa a este respecto—, es un criterio de lógica política, que yo quiero señalarles, el que nos mueve a decir que no a esta proposición. El PSOE considera que la plasmación de muchas de las propuestas que en esta ley se plantean da lugar a una diversidad de situaciones inconvenientes, por decirlo suavemente. Yo no quiero hacer caricatura con las situaciones que se pueden producir, pero pongamos un ejemplo. ¿Es que el servicio exterior del Estado, embajadas y consulados, tiene que relacionarse en cuatro idiomas? ¿Es que tenemos que celebrar tratados internacionales en todas las lenguas oficiales? ¿Es que tenemos que obligar a toda la Administración pública del Estado, en cualquier lugar de España, a tramitar en catalán, valenciano, vasco o gallego los expedientes de los ciudadanos, con independencia del lugar de su residencia? ¿Es que hay que obligar a todos los servicios de juzgados de España a traducciones de todos esos idiomas? ¿Es que tenemos que establecer el principio que aquí se instituye de que el monolingüismo tiene que establecerse a petición del ciudadano y que un libro de familia escrito, por ejemplo, en vasco tenga que tener validez cuando un ciudadano o un funcionario de Sevilla o de Valladolid no lo entienda? Hay una cantidad de situaciones que ustedes tienen que entender que corresponden a una cierta lógica organizativa del Estado, que es la que nos obliga a dar una respuesta negativa a esta proposición. La pregunta es si el derecho de los ciudadanos bilingües es un derecho no reconocido. No, no es verdad. Es que esos derechos se protegen y se defienden en su comunidad autónoma, por cierto, con una legislación que dicta la propia comunidad. Y ahora vuelvo al otro argumento jurídico. No solamente se trata de la inconstitucionalidad, también está el argumento de su carácter antiautonómico, porque solo las normas autonómicas pueden declarar la oficialidad de las lenguas propias de esas comunidades autónomas. En nuestra opinión, esta ley roza con competencias de las comunidades con lengua propia. Citaré una sentencia que lo dice claramente. Las Cortes Generales no pueden tomar en consideración una proposición de ley cuyo objeto y finalidad es claramente contrario al principio de autonomía, al significado de la cooficialidad de las lenguas propias de las comunidades autónomas y a la jurisprudencia constitucional. Dice así la sentencia que voy a citar a continuación: El Estado puede regular, si lo considera oportuno, las garantías básicas de la igualdad del uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano. Pero, señor Tardá, no cabe entender que este título competencial habilite al Estado para regular con carácter general, siquiera en sus aspectos básicos, la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y su consiguiente utilización por los poderes públicos, o el derecho al uso de otras lenguas españolas oficiales por las particulares. Interpretar el 149.1.1 con este alcance equivaldría a vaciar de contenido las competencias lingüísticas asumidas por las comunidades autónomas según sus estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Constitución. Señorías —voy terminando—, la proposición que hoy discutimos no es, pues, imposible de encajar en nuestra Constitución, sino que además vulnera el reparto competencial. Piensa el proponente que hay un mandato constitucional por el que los poderes públicos tienen que garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural de los pueblos de España. Pero, señor Tardá, la proposición confunde este texto y deriva de él esta ley. Señorías, el texto constitucional ya ha sido desarrollado y lo ha sido con arreglo a la cooficialidad de ambos idiomas en las comunidades bilingües. No se hace imponiendo, pues, el multilingüismo en la España que habla castellano. Dicho sea con todos los respetos y con toda la cordialidad, señor Tardá, siguiendo a Cervantes —vuelvo al principio—, es bueno que el vizcaino escriba en vasco; lo que no es lógico es que obliguemos a los sevillanos o a los madrileños a entenderlo o a usarlo. Esa es la cuestión. Termino con una referencia personal. Creo que nadie les engaña. No hay ningún maquiavelismo amoral, como usted nos señalaba. No creo que España esté dando la espalda a sus peticiones. No creo que sea justo que haya una interpretación de rechazo a las pretensiones y al avance del plurilingüismo, de la cooficialidad o del propio catalán. No me parece justo ese tratamiento después de unas semanas de negociación del Estatuto en las que usted sabe como yo que se ha hecho un avance enorme, precisamente para potenciar y fomentar el catalán en Cataluña. Ese tratamiento por parte de nuestro partido, por parte de esa izquierda que les ofrece una mano tendida al consenso y al entendimiento en la construcción de la España plural y plurilingüe, no merece los calificativos que usted ha empleado esta tarde. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jáuregui. Muchísimas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 27; en contra, 282.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

[del diari de sessions del Congrés]